Desde la Comisión Directiva Central de AGMER emitieron un comunicado. Señalaron: “Denunciamos las decisiones políticas inconsultas que apuntan al desarme de la formación docente pública en nuestra provincia, y que forman parte de una política educativa más amplia que pone en riesgo el acceso de toda la población a la educación pública de calidad en todos los niveles educativos”.
Además detallaron cómo fue la reunión virtual y quienes participaron. Y agregaron: “A partir de nociones tales como “superávit” o “déficit” de docentes titulados”, y “no estamos para gastar”, la DES informará –en reuniones particulares con cada IFD– sobre continuidad de carreras, reconversión e inscripción a las mismas, cupos de inscripción y desdoblamientos, así como la situación de revista de los docentes de las carreras de planta temporaria y planta permanente. El cronograma de dichas reuniones no fue comunicado y se ordenó la no habilitación de las inscripciones definitivas a las carreras de planta temporaria, dejando en suspenso a miles de estudiantes que eligieron educación superior pública y a los docentes que trabajan en esas carreras”.
Desde AGMER detallaron que los Institutos de Formación Docente realizaron planteos que evidenciaron el reduccionismo de los datos presentados y el desconocimiento de la Dirección de Educación Superior sobre las realidades institucionales situadas en cada territorio, así como la falta de socialización previa de dichos datos. Solicitaron también definiciones claras, inmediatas y que respondan a las necesidades de una educación superior de calidad y accesible, sobre continuidad de carreras, situación de revista de docentes, trayectorias de los estudiantes que ya están cursando, así como de quienes se preinscribieron; se expresó también la gran incertidumbre y perjuicios que produce la dilación de las decisiones sobre los temas abordados.
“Desde AGMER advertimos que estas políticas apuntan al desarme de la formación docente pública en nuestra provincia y que forman parte de una política educativa más amplia que pone en riesgo el acceso de toda la población a la educación pública de calidad en todos los niveles educativos. Las lógicas de la eficiencia del “gasto” en la “oferta” educativa y los supuestos “superávits y déficits” del Nivel Superior imponen la mercantilización y privatización a lo que es un derecho humano básico, excluyendo de las posibilidades de una vida más digna a miles de entrerrianos y entrerrianas”.
Demandaron así que se abra el diálogo de manera honesta y transparente, sin datos sesgados y decisiones arbitrarias. “En el Nivel Superior de nuestra provincia se debe avanzar en la garantía de estabilidad de todas las carreras de formación docente, en el pase a planta permanente de todas sus horas y cargos y en procesos de titularización de sus docentes”, señalaron y agregaron: “Sólo así podrá garantizarse a estudiantes el acceso a una trayectoria de formación superior de calidad, previsible, acompañada desde el territorio por docentes que conocen sus necesidades y particularidades. Es necesario que el CGE invierta en la formación superior, garantizando el acompañamiento de trayectorias de estudiantes con políticas efectivas desde los espacios de apoyaturas académicas y becas, infraestructura edilicia, provisión de soportes digitales y conectividad, entre otras necesidades urgentes”.
Diputados impulsan una declaración de repudio a la medida
Desde el bloque Más para Entre Ríos presentaron un proyecto de declaración de la Cámara de Diputados donde expresan su “más enérgico repudio a la manera arbitraria e inconsulta en que la Dirección de Educación Superior ha definido políticas educativas vinculadas a los Institutos de Educación Superior de la Provincia. Las disposiciones y lineamientos generales para la organización de las propuestas de formación en el territorio provincial, se han definido a través de datos cuantitativos aislados, números que definirán la continuidad o no de los profesorados en los distintos Institutos Superiores de Formación Docente”.
El proyecto lleva la firma de Andrea Zoff, entre otros integrantes del bloque y en él señalaron: “Esta forma de proceder, carente de diálogo, consenso y análisis integral de la realidad territorial de las comunidades educativas, genera profunda preocupación, ya que podría derivar en el desmantelamiento de espacios de formación que cumplen un rol fundamental en el desarrollo educativo, profesional y social de jóvenes y adultos de nuestra provincia”.
En el proyecto de declaración también destacaron: “Esta forma que se presenta como una política de gobierno, ha generado indignación, preocupación y un descontento generalizado de quienes a diario impulsan y defienden estas instituciones. Se manifiesta que la herramienta propuesta es arbitraria y presenta un sesgo en la información valorada, que no se puede desconocer, además de que ha sido elaborada sin consulta previa a los actores involucrados de forma directa; y desconociendo la realidad territorial y particular de las comunidades educativas”.
También sostienen la preocupación que genera esta situación con los estudiantes que se han pre inscripto a las carreras y de aquellos que ya se encuentran en cursando las carreras y advirtieron que los puestos de trabajo docentes siguen sin certeza, a sabiendas de las condiciones de inestabilidad y precarización laboral del nivel.
“La política educativa de la Dirección de Educación Superior no puede llevarse adelante solamente teniendo en cuenta aspectos administrativos y generando un recorte del supuesto “gasto”, por lo perjudicial que esto sería para la sociedad entrerriana en su conjunto”, señalaron entre otros conceptos.
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