Una sensación creciente de desprotección altera la vida cotidiana en Santa Elena. La falta de presencia estatal y de respuestas preventivas obligan a la autovigilancia y profundizan el malestar colectivo
Por Vicente Suárez Wollert
En Santa Elena, la inseguridad dejó de ser una percepción aislada para transformarse en una experiencia cotidiana que atraviesa a numerosos barrios de la ciudad. Lo que antes era una preocupación es hoy una realidad que se instala, especialmente durante la noche, cuando muchas familias ya no logran descansar con tranquilidad.
Vecinos de distintos sectores —Hipódromo, 12 de Octubre, 3 de Febrero, Barrio Hipólito, Fátima, entre otros— coinciden en un mismo relato: noches en vela, sobresaltos constantes y una vigilancia improvisada de las propias viviendas ante la reiteración de robos y movimientos sospechosos. El descanso, necesario para afrontar las jornadas laborales y familiares, se ve interrumpido por el miedo y la incertidumbre.
La escena se repite. Ladridos de perros que alertan, luces que se encienden de golpe, personas que se asoman a las ventanas o salen a controlar patios y frentes. El temor no responde solo a la posibilidad de un robo material, sino a una sensación más profunda de desprotección, de ausencia del Estado en los momentos en que más se lo necesita.
Esta situación tiene consecuencias que van más allá de lo económico. La falta de seguridad impacta directamente en la salud mental de la comunidad. El insomnio prolongado, la ansiedad, el estrés constante y la sensación de alerta permanente afectan la calidad de vida de vecinos y vecinas de todas las edades. Vivir con miedo no es una condición aceptable ni sostenible para ninguna sociedad.
En este contexto, la demanda es clara y reiterada: mayor presencia policial y acciones preventivas reales. Los vecinos no reclaman respuestas esporádicas ni recorridas aisladas, sino una estrategia sostenida que incluya patrullajes nocturnos frecuentes, vigilancia efectiva y un abordaje integral del problema de la inseguridad.
La percepción de inacción agrava el conflicto. Cuando los hechos se repiten y no hay respuestas visibles, se profundiza la desconfianza y se refuerza la idea de que quienes delinquen actúan con impunidad. Esto no solo debilita el tejido social, sino que empuja a la comunidad a asumir roles que no le corresponden, como la autovigilancia o la exposición innecesaria al riesgo.
Santa Elena es una ciudad construida sobre el trabajo, el esfuerzo cotidiano y la convivencia barrial. La inseguridad erosiona esos valores y rompe la vida comunitaria, afectando los vínculos, el descanso y la tranquilidad que toda persona merece al llegar a su hogar.
La seguridad no puede pensarse únicamente como una cuestión policial, sino como una política pública integral que articule prevención, presencia territorial y respuestas rápidas ante las denuncias. También requiere escucha activa de la comunidad, conocimiento del territorio y decisiones firmes que devuelvan previsibilidad a la vida diaria.
Hoy, el reclamo de los vecinos no es un grito aislado, sino una advertencia. Santa Elena no duerme, y no lo hace porque el miedo ocupa el lugar que debería tener la tranquilidad. Recuperar ese derecho básico es una responsabilidad urgente de las autoridades y una condición indispensable para restablecer la confianza social.
La seguridad, el descanso y la salud mental no son privilegios: son derechos. Y cuando esos derechos se ven vulnerados, el silencio deja de ser una opción.
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