Trabajadores del puerto de Concepción del Uruguay realizaron reclamos por precarización laboral y la negativa de una empresa a reconocer su sindicato. Hubo represión policial. La provincia dictó la conciliación obligatoria
El domingo, trabajadores del Puerto de Concepción del Uruguay iniciaron un paro luego de que la empresa Urcel se negara a reconocer al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) como gremio constituido de forma legal y con autoridades elegidas por los trabajadores. Además, se denunció que la firma marginó a estibadores de la ciudad al traer personal desde otras ciudades sin experiencia, buscando precarizar el trabajo y romper el convenio colectivo local.
Los estibadores entrerrianos, señalaron entonces, se encuentran entre los peores pagos del país en el sector portuario.
Las protestas incluyeron bloqueos de accesos, manifestaciones en el ingreso al puerto y paralización de la operatividad. Los trabajadores denunciaron prácticas antisindicales, exclusión del sistema de rotación, pagos por debajo de lo establecido en convenio y un intento sistemático de explotación que atenta contra el derecho al trabajo de los estibadores y sus familias.
La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), acompañó las medidas de fuerza y advirtió que, ante la amenaza empresarial de dejar a los trabajadores sin su tarea y no reconocer su legítima organización sindical, se declaró en estado de alerta.
Las medidas de fuerza continuaron y con ellas pidieron la intervención de autoridades provinciales para garantizar el reconocimiento sindical y el cese de las prácticas denunciadas.
El lunes, se registró un importante despliegue de fuerzas de seguridad en los accesos a la terminal portuaria. Efectivos policiales despejaron la avenida Paysandú, uno de los accesos al puerto, utilizando balas de goma. El hecho fue filmado y las imágenes recorrieron las redes sociales. Además de los disparos y las corridas, hubo personas detenidas.
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria. La medida fue adoptada ante la situación de tensión generada en el puerto local, que había derivado en el anuncio de posibles medidas de fuerza y en denuncias vinculadas al reconocimiento sindical, la asignación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo vigente.
“Con el objetivo de preservar la paz social, garantizar la continuidad de una actividad estratégica para la economía regional y promover instancias de diálogo, la conciliación obligatoria regirá por 15 días hábiles, a partir del lunes 26 de enero de 2026”, destacaron en un parte oficial.
Durante este período, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa, asegurando la normal prestación de tareas, mientras que la empresa deberá abstenerse de aplicar represalias de cualquier tipo al personal involucrado en el conflicto. “Asimismo, la Secretaría convocó a ambas partes a una audiencia de conciliación que se realizará el martes 10 de febrero de 2026, a las 11, en la sede del organismo en la ciudad de Paraná, debiendo concurrir con representantes con poder de decisión suficiente”.
Desde el sindicato, emitieron un comunicado en donde señalaron que la represión se produjo cuando se acordaba la conciliación obligatoria.
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