Presupuesto Provincial 2026: dependencia y debilidades

El Colegio de Ciencias Económicas de Entre Ríos publicó un análisis sobre la ley financiera para este año. La conexión con Nación y un sistema previsional que no es fuerte caracterizan la economía

Por Camila Gomez

El Colegio de Ciencias Económicas de Entre Ríos nuclea a contadores y especialistas de toda la provincia. El grupo de profesionales realizó un informe donde analiza la Ley de Presupuesto General de la Administración Provincial para 2026. En el documento al que accedió El Telégrafo de Entre Ríos detallan que la sanción de la ley se presenta en un contexto de transición para las finanzas públicas de la provincia: “Tras un período caracterizado por el ordenamiento de cuentas y la austeridad operativa, la administración provincial propone un cambio de régimen orientado a la reactivación de la inversión real, proyectando un incremento nominal del gasto de capital superior al 89% respecto al cierre proyectado de 2025. Este instrumento de planificación financiera busca consolidar el equilibrio fiscal alcanzado, proyectando un Resultado Financiero superavitario de 88.185 millones de pesos. Sin embargo, la viabilidad de estas metas descansa sobre una arquitectura de supuestos macroeconómicos que exige un análisis minucioso, dadas las divergencias existentes entre las pautas oficiales y las expectativas de mercado”.
Tal como detallaron a este medio, el análisis fue realizado por el contador Cesar Salomón y en él aborda los puntos principales de la ley, desde una perspectiva crítica. Ante todo, alerta sobre la dependencia de la provincia en relación a los fondos nacionales: “La consistencia del presupuesto provincial depende intrínsecamente de las variables exógenas nacionales. Para la elaboración del proyecto 2026, el Poder Ejecutivo ha adoptado los lineamientos del Marco Macro Fiscal Nacional, los cuales plantean un escenario de estabilización acelerada que contrasta con las proyecciones privadas”.
En términos de nivel de actividad, el presupuesto proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real del 5% para 2026, impulsado por una recuperación de la industria (+5,9%) y el comercio (+5,6%), junto a una expansión de las exportaciones del 10,6%.

En relación con la dependencia de los movimientos económicos del gobierno nacional, se explicó: “Se evidencia una característica histórica de las finanzas entrerrianas: su limitada autonomía financiera. La arquitectura de recursos revela que la provincia no se financia mayoritariamente con lo que produce y recauda internamente, sino con las transferencias que recibe del Gobierno Nacional. De los 6,2 billones de pesos de recursos totales presupuestados, más de la mitad (54%) provienen de la Coparticipación Federal y otras transferencias nacionales”. Advierten: “Esta dependencia expone al fisco provincial a un riesgo externo considerable: cualquier alteración en la recaudación nacional (por caída de actividad económica) o en los coeficientes de distribución (por decisiones políticas), impacta de lleno en la capacidad de pago de la provincia”.
El especialista indica que la relación de fuerzas es de tres a uno. Es decir, que por cada peso que Entre Ríos recauda mediante sus propios impuestos, ingresan tres pesos provenientes de la Nación. “Esto rigidiza la gestión, ya que el gobernador solo tiene control directo sobre una porción minoritaria de la caja”, añade.
Al profundizar sobre estos ingresos propios, se observa una alta concentración en un solo tributo ligado a la actividad económica: los Ingresos Brutos continúan siendo la columna vertebral de la recaudación propia, explicando 7 de cada 10 pesos que cobra la provincia (71,1%). Esto significa que la recaudación provincial es “procíclica”: si la economía crece, la recaudación vuela; pero si entra en recesión, cae abruptamente. Los Impuestos Patrimoniales se componen por el Inmobiliario y el Automotor, como tierra y vehículos y son más estables, y aportan el 20,5% de la recaudación propia. Por último, “un renglón no menor en el presupuesto son las Contribuciones a la Seguridad Social (aportes personales y patronales), que representan el 16% de la torta total de recursos. Si bien es un volumen de dinero importante (982.334 millones de pesos), estos fondos tienen una afectación específica (pagar jubilaciones y obra social) y no pueden utilizarse para otros gastos generales u obras”.

El Colegio de Ciencias Económicas indica además que hay un cambio de rumbo en el tipo de gastos que el gobierno provincial debe hacer: “El análisis de las erogaciones proyectadas para 2026 (6,4 billones de pesos) revela una intención clara de modificar la inercia histórica del gasto provincial. La administración busca salir de un esquema puramente pagador de sueldos para recuperar, aunque sea parcialmente, el rol del Estado como inversor en capital fijo. Si bien el 91,5% del presupuesto total sigue destinado a Gastos Corrientes (funcionamiento diario), el dato distintivo es la velocidad de crecimiento de las partidas de capital frente a las corrientes. Mientras el gasto operativo crece a un ritmo inercial, el Gasto de Capital se proyecta con un incremento nominal del 89,3% respecto al cierre de 2025”.
Como contrapartida al ahorro en personal, la Inversión Real Directa (el dinero que efectivamente va a obras y no a transferencias financieras) muestra una recuperación. El Índice de Inversión en infraestructura salta de 3,3% (estimado 2025) a un 7,4% para 2026.
A pesar de este cambio de tendencia favorable, es fundamental advertir que el presupuesto sigue siendo estructuralmente rígido: “El 70% de las erogaciones totales se concentran en tres conceptos intocables a corto plazo: Personal, Seguridad Social y Coparticipación a Municipios. Esto significa que, ante cualquier eventualidad o caída brusca de la recaudación, el Poder Ejecutivo solo tiene margen de maniobra real sobre el 30% restante del presupuesto, lo que expone la fragilidad operativa ante crisis macroeconómicas”.
En el informe también se alerta sobre el talón de Aquiles de la economía entrerriana: el déficit en el sistema previsional: “El análisis desagregado del Sector Público No Financiero expone un desequilibrio estructural severo en el sistema de seguridad social. Mientras la Administración Central y los Organismos Descentralizados son superavitarios, el Instituto de Seguridad Social (Caja de Jubilaciones) requiere un auxilio financiero masivo. Según el cuadro consolidado, el Tesoro Provincial deberá asistir a la Caja mediante Contribuciones Figurativas por un total de 437.932 millones de pesos para cubrir la brecha entre los aportes recaudados y los haberes pagados. En perspectiva: Este monto, destinado a cubrir el rojo previsional, equivale a casi 5 veces el superávit financiero final de toda la provincia. Esto evidencia que el sistema jubilatorio continúa siendo el principal factor de tensión fiscal, consumiendo recursos que de otro modo podrían volcarse a la inversión”.

El documento precisa que la vulnerabilidad de Entre Ríos ante cambios en la política impositiva nacional es crítica debido a su dependencia estructural: el 54% de sus ingresos totales provienen de la Coparticipación Federal.
También hay riesgo en el Impuesto a las Ganancias: este tributo es uno de los componentes principales de la masa coparticipable: “En el acumulado a agosto de 2025, la recaudación real de Ganancias para la provincia cayó un 7,26%. Cualquier reforma nacional que eleve el mínimo no imponible o reduzca alícuotas sin una compensación equivalente impactará de forma directa en la línea de flotación de los ingresos corrientes provinciales, obligando a ajustar el gasto de capital”. Además, el IVA representa otro pilar fundamental, ya que mostró una leve caída real del 0,33% en 2025. Una reforma que altere la base imponible de este impuesto tendría un efecto multiplicador negativo inmediato en las arcas provinciales, dada la relación de 3 a 1 entre recursos nacionales y propios.
No es menor que el Presupuesto 2026 esté anclado a un tipo de cambio nominal de 1.423 pesos por dólar para diciembre de 2026, ya que el impacto es directo: “La implementación de un esquema de bandas cambiarias que eleve el techo del dólar, o una devaluación superior a la pauta del 10% anual, generaría un descalce de monedas peligroso. La provincia recauda en pesos pero tiene sus pasivos dolarizados. El 51% del stock de deuda pública está nominado en Títulos Públicos (bonos internacionales). Se proyectan pagos de capital e intereses en moneda extranjera por 114 millones de dólares para 2026. La solidez del superávit proyectado (88.626 millones de pesos) es nominalmente fuerte pero estructuralmente frágil ante decisiones exógenas”.
Como conclusión, los economistas destacan: “Sin herramientas de política monetaria propia, la Provincia actúa como “tomadora de precios”: su estabilidad depende de que la Nación no altere la masa coparticipable y mantenga el tipo de cambio anclado, dos variables que históricamente han demostrado alta volatilidad”.