Mostrar la hilacha

Raúl Martín, el arzobispo de Paraná, se niega negociar con las víctimas de abuso del cura José María López. Los antecedentes del repudio en Santa Elena

Por Vicente Suárez Wollert

Tres víctimas de abuso del sacerdote entrerriano José María López demandaron civilmente a la Iglesia en busca de un resarcimiento económico. El conflicto estalla a menos de un año del recambio en el Arzobispado de Paraná y vuelve a poner bajo la lupa el historial judicial de sus autoridades.
Tres hombres que fueron abusados cuando eran adolescentes por el sacerdote José María López iniciaron una demanda civil contra la Iglesia. López fue condenado en 2023 a ocho años y seis meses de prisión por abuso y corrupción de menores y cumple su pena en la Unidad Penal de Paraná. La sentencia penal no clausuró el conflicto: abrió otro capítulo, el de la responsabilidad patrimonial de la institución que lo tuvo bajo su órbita.
La situación se da a menos de un año de que Juan Alberto Puiggari fuera reemplazado por Raúl Martín al frente de la arquidiócesis. Uno y otro arrastran antecedentes de fuerte exposición judicial vinculada a sacerdotes de sus diócesis, en Paraná y en La Pampa. Puiggari pasará a la historia por lo que hizo y por lo que eligió esquivar. Martín, todavía en funciones, atraviesa su nueva etapa entrerriana mostrando la hilacha, haciendo suyo —como se dice en estas tierras— el arte voluntario o involuntario de dejar ver los hilos sueltos.

En La Pampa, Martín enfrentó dos procesos de alto impacto. El primero fue el caso del sacerdote Raúl Pernini, una causa heredada que concluyó con una condena a 12 años de prisión, pena que el clérigo aún cumple. El segundo fue el juicio por encubrimiento en el caso de José Miguel Padilla, excapellán del Ejército, a quien se acusó de abusos –trascendió incluso que Padilla adhería, entre otras posturas, al levantamiento carapintada de 1987–. En ese debate oral, realizado a puertas cerradas en 2023, se ventiló que Martín había recibido diversas comunicaciones de la víctima. En declaraciones públicas sostuvo no haber tenido conocimiento de los hechos; en el juicio, confrontado con la prueba documental, reconoció que sabía, aunque afirmó no haber dimensionado la gravedad. Tiempo después creó en el ámbito del obispado pampeano una “Comisión para la recepción de denuncias”, donde él mismo fue denunciado por encubrimiento.
Del proceso participaron los fiscales Andreina Montes y Luciano Rebecchi por la acusación; los abogados Jorge Salamone y Florencia Boglietti por la defensa del sacerdote; y Guillermo Costantino junto a Mauro Fernández por la Defensoría, en representación de la víctima. Declararon de manera remota el propio Martín, el entonces obispo auxiliar Luis Martín y el ex arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. Fue la primera vez en la historia judicial argentina que tres obispos no pudieron acogerse al beneficio de declarar por escrito.
Padilla había sido fundador de la Fraternidad de Belén en La Pampa, párroco en Intendente Alvear y representante legal del Instituto Nuestra Señora del Luján. Durante la dictadura militar se desempeñó como capellán del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 141 del Ejército en San Luis, entre 1980 y 1983, y falleció en septiembre de 2024 sin volver a sentarse en el banquillo tras una revisión del fallo.
Con esos antecedentes a cuestas, Martín llegó a Paraná designado por el papa León XIV en 2025. Su desembarco incluyó un episodio que tuvo como escenario a Santa Elena. En el marco de las fiestas patronales del pueblo de uno de los denunciantes, se proyectó una caravana para recibirlo. El repudio social fue inmediato y de tal magnitud que la caravana se suspendió. La bienvenida se redujo a un acto sencillo, con palabras de la feligresía y un cuidadoso silencio sobre los escándalos.
Hoy, en Paraná, el eje vuelve a ser López. Tras la condena penal, la curia encomendó al arzobispo emérito Puiggari la negociación con las víctimas. El actual titular de la arquidiócesis dejó en manos de su antecesor el intento de acuerdo. Las mediaciones desarrolladas durante 2025 fracasaron: las víctimas fijaron una cifra indemnizatoria; la Iglesia la rechazó. El punto muerto fue total, de acuerdo a testimonios recogidos por el medio Entre Ríos Ahora.
La discusión no es sólo económica. Las víctimas sostienen que la institución debe reconocer los estragos provocados por uno de sus sacerdotes en tres adolescentes que iniciaron su vida religiosa bajo su autoridad. La Iglesia, hasta ahora, no asume esa responsabilidad en los términos planteados por los demandantes.
El expediente seguirá su curso en Tribunales. Martín, como jefe eclesiástico, deberá afrontar una vez más el deber de dar respuesta. La historia reciente muestra un patrón que se repite: desconocimiento inicial, admisiones tardías, delegación de responsabilidades. En contextos donde la autoridad moral es central, la ausencia de decisiones claras deja expuestos los hilos. Y cuando se muestran, ya no hay relato que los oculte.