El programa Potenciar Trabajo está en peligro

Más de 20.000 entrerrianos perciben el salario social complementario. Hoy, esa ayuda está siendo quitada por el gobierno nacional y pone en vilo a la economía popular

Por Camila Gomez

El programa Potenciar Trabajo dejó de existir como tal desde la asunción del presidente Javier Milei. Lo que era un derecho para los trabajadores de la economía popular, hoy está en peligro.
Como señala el documento realizado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP): “La eliminación del programa se inscribe en un proceso de ajuste estructural que afecta de manera transversal a las políticas de cuidado e ingresos sociales, con un claro sesgo de género. Entre los años 2023 y 2025 el panorama general es de contracción masiva: la partida de Asistencia Social se redujo un 77% en términos reales, el Potenciar Trabajo —donde el 65% de las y los titulares eran mujeres— registró un recorte real del 96%, mientras que el Monotributo Social, integrado en más de un 60% por mujeres, cayó un 81%. También se ajustaron prestaciones altamente feminizadas, como la pensión para madres de siete hijos (-31%). A esto se sumaron recortes estructurales en Vivienda y Urbanismo (-98%), Educación (-57,7%) y Agua y Alcantarillado (-93%), desarmando soportes materiales que hacían viable la reproducción cotidiana y recargando de manera desproporcionada sobre mujeres y hogares populares.
Incluso en aquellos casos donde hubo recomposiciones parciales, como la AUH (con un aumento real del 45%) o la prestación Alimentar, el atraso frente a la inflación licuó su poder de sostén, con una pérdida real del 12% desde mediados de 2024”.

Asimismo, señala: “El costo fiscal de sostener el programa es marginal en términos macroeconómicos, representando apenas el 0,1% del PIB Nominal. En contraste, el impacto social de su desguace es altísimo, agravando la pobreza y debilitando el entramado socioproductivo de las provincias y los grandes centros urbanos. El deterioro de las condiciones materiales demuestra que la eliminación de estas políticas no resuelve problemas macroeconómicos, sino que profundiza la crisis en los sectores vulnerables. La salida requiere sostener políticas activas de empleo, ingresos y fortalecimiento de la organización comunitaria”.
Julián Jarupkin, referente provincial de la organización Libres del Sur explicó: “El programa ex Potenciar Trabajo brinda posibilidades de articulación y reinserción de personas que no estaban en el campo laboral formal, sino en una economía popular, social, solidaria y en otros campos de cuidado y de acompañamiento de políticas alimentarias que, al recortar tanto presupuesto, quedó estancado en 78.000 pesos. Ahí se transformó en dos programas distintos: Acompañamiento Social y Volver al Trabajo y deja desarraigada a la gente que cumplía tareas concretas en los territorios, en los barrios y desarticula al tejido social. El programa traía la posibilidad de pensar en un futuro relacionado a las tareas que estaban realizando, eso se vio truncado y ahora mucho más. Abarcaba un millón de personas en el país, hoy son 900.000 personas que están perdiendo el ex Potenciar Trabajo y que no pueden anotarse a cursos de formación que no te aseguran más allá de tres o seis meses en cuanto a la formación que piden y los requisitos. También se ven muchas irregularidades en cuanto al acceso, a la posibilidad de seguir percibiendo este monto mínimo, ya estandarizado para la economía hogareña de cada uno. Esto conlleva a que no haya previsibilidad y esa plata que ya estaba destinada tenga que empezar a salir de otro lado o incluso dejar de pagar esas deudas a los pequeños comerciantes que muchas veces le sacaban fiado”.

Jarupkin agregó: “En la provincia de Entre Ríos alrededor de 25.000 personas estaban percibiendo el salario social, algo que equivaldría a 2.000 millones de pesos de inyección a las economías locales, porque sabemos que esa plata queda en el barrio, en el quiosco, en el almacén vecino; van a ser retiradas del circuito no solamente en el bolsillo de cada una de las personas que percibía este dinero sino también en la comunidad toda, con lo que generaba este movimiento de plata para poder tener subsistencia que hoy también la están pasando mal, como los monotributistas o los autónomos; va a tener un fuerte impacto en la economía regional”.

En el mismo sentido, Emanuel, referente del merendero Boina de Vasco y de la organización Vientos de Libertad detalló: “El programa nos estructuraba, nos ayudaba un montón. Es un programa que se ganó desde la lucha de los movimientos sociales y de cierta manera nos devolvió aquellas cuestiones que no se nos reconocían, gracias a ese programa dejamos de ser invisibles y nos puso en el mapa dentro de las economías populares y lo que más nos permitía es ser reconocidos y visibles en nuestra labor diaria, sea en la salud comunitaria, en el reciclado y en los comedores. Somos muchas las personas que van a quedar sin ese sustento, que si bien se congeló una vez que llegó Javier Milei al poder, yo por ejemplo lo ocupaba para mi tarjeta universitaria para seguir estudiando, otra compañera le daba el dinero a sus padres para comprar una garrafa de gas, yerba, azúcar y otras cositas más para la alimentación. Es muy complejo y es un golpe letal al sector de la economía popular, buscan callarnos y disciplinarnos”.
Subrayó: “Es un retroceso, no solamente pensando en la gestión y en las políticas públicas sino también en cómo percibimos nuestra vida diaria, por más que sean 78.000 pesos, eso nos estructuraba, para nosotros es nuestro trabajo, nuestro salario. Es muy importante poder dejar en claro que lo que implica la pérdida es volver a intentar desaparecernos. Frente a esto el planteo tiene que ser contundente, salir a las calles, que reconozcan nuestro laburo que es el de las compañeras que sostienen las ollas populares para quienes no tienen como alimentarse o en mi caso en la salud comunitaria, en la escucha ante consumos problemáticos y suicidios”.