El recorte de la movilidad escolar en zonas rurales y periféricas de Entre Ríos pone en riesgo la asistencia de los gurises a las instituciones educativas. El ajuste impacta directamente en derechos básicos
Por Vicente Suárez Wollert
En distintos departamentos de la provincia de Entre Ríos se han registrado, en los últimos días previos al receso invernal, anuncios sobre el corte del servicio de transporte escolar en zonas rurales y periurbanas. Esta medida, que afecta principalmente a estudiantes que viven alejados del radio de sus escuelas, deja a una parte significativa de la matrícula sin posibilidades reales de asistir a clases ni de continuar con sus estudios.
Desde el gremio docente Agmer y distintas comunidades educativas de la provincia se declararon en estado de alerta y movilización, exigiendo a las autoridades provinciales que reviertan una decisión que pone en riesgo la continuidad educativa de cientos de estudiantes entrerrianos.
Las denuncias llegaron a través de directores de escuelas, prestadores del servicio y representantes sindicales, y provienen de departamentos como Victoria, Gualeguaychú, La Paz, Tala, Nogoyá y Paraná, entre otros. La modalidad de notificación fue informal y desigual: muchos prestadores recibieron mensajes por parte de las direcciones departamentales de escuelas, informándoles la suspensión del convenio sin resolución oficial ni comunicación pública del gobierno provincial. Esta falta de transparencia e institucionalidad generó preocupación e incertidumbre en las comunidades afectadas.
Un caso alarmante en Santa Elena
Una de las situaciones más sensibles se vive en la ciudad de Santa Elena, en el departamento La Paz. Allí, la Escuela Nina NEP N° 9 “Juan Bautista Azopardo” atraviesa un momento crítico tras recibir la notificación de baja del tramo de transporte escolar que conecta a la institución con tres de los barrios más populosos y vulnerables de la ciudad: barrio Chaco, 120 Viviendas y Cristo Redentor.
El equipo directivo, junto a docentes, ordenanzas y cocineros de la escuela, emitió un comunicado expresando su profunda preocupación. Según detallaron, de los 235 estudiantes que conforman la matrícula, 127 se verán imposibilitados de asistir sin el servicio de transporte. “Ayer, la persona encargada de brindar el transporte a nuestros niños nos compartió la notificación donde le avisan la baja del tramo N° 10-1619-A correspondiente a nuestra escuela, entre otras. Queremos manifestar como comunidad educativa nuestro disconformidad y asombro ante este proceder tan incoherente con las políticas educativas que rezan el cuidado de las trayectorias escolares”, expresa el texto.
El reclamo va más allá de lo pedagógico: en el mismo comunicado, el equipo docente señaló que la escuela es también un espacio de contención social y emocional para niñas y niños en situación de vulnerabilidad. “La escuela no es sinónimo sólo de aprendizaje, sino un lugar donde consiguen un plato de comida caliente, un abrigo y gestión constante para lograr atención en el sector salud”, sostienen. Esta mirada integral sobre el rol de la escuela, particularmente en contextos sociales complejos, refuerza la gravedad de la decisión de cortar el servicio.
En una frase que sintetiza el dolor y la indignación del equipo docente, advirtieron: “Comprobamos que el frío mayor que atenta contra sus derechos nada tiene que ver con los cambios climáticos, sino que sale de los escritorios de aquellos que deberían velar por el cumplimiento de sus derechos, garantizando la Justicia Social que tanto pregonan”.
Además de la escuela Azopardo, en el Departamento La Paz también se encuentran afectadas la Escuela Agrotécnica N° 151 El Quebracho, la Escuela N° 76 Maipú y la Escuela N° 13 Libertad, Federación y Fuerza, ubicada en la zona rural de El Yeso. (Ver nota relacionada)
Posición del gremio
Ante el avance de la medida, Agmer emitió un comunicado provincial bajo el título “No a la motosierra de Frigerio contra el transporte escolar”, en clara alusión al ajuste presupuestario del gobierno provincial. En el texto se denuncia que docentes y comunidades escolares de toda la provincia se enfrentan a la discontinuidad del servicio de transporte escolar, especialmente después del receso invernal.
“El servicio de transporte escolar hace posible el acceso al derecho social a la educación de centenares y miles de familias entrerrianas. Garantizarlo es una responsabilidad indelegable del gobierno. Una de sus obligaciones principalísimas, establecida en la Ley Provincial de Educación, es generar los mecanismos necesarios para garantizar ese derecho y ubicar a la escuela como factor elemental de igualdad e inclusión. Sin transporte, ese discurso se desdibuja por completo”, expresa el comunicado.
Desde Agmer Central también se advierte sobre el impacto estructural que puede tener esta medida: “Que el transporte escolar no funcione desarticula las comunidades, la organización familiar y somete a una situación de exclusión a miles de gurises entrerrianos. La educación no puede ser objeto de crueldad, variante del ajuste, ni un renglón en el Excel de la política oficial”.
La postura gremial enfatiza que se trata de un conflicto que no se reduce al ámbito laboral docente, sino que involucra directamente a las infancias y sus derechos. Por eso, exigen una respuesta urgente de las autoridades provinciales.
Sin respuestas oficiales
Hasta el momento, al cierre de la edición, no hay ninguna resolución publicada ni comunicado oficial que explique las razones del corte del servicio, ni los plazos para su eventual restablecimiento. Tampoco se han anunciado mecanismos alternativos para garantizar la asistencia escolar de los estudiantes afectados, que inician sus vacaciones con la incertidumbre respecto de su traslado a los distintos establecimientos.
Este vacío institucional agrava la situación: mientras los prestadores del servicio reciben notificaciones informales de baja, las escuelas deben reorganizar su funcionamiento sin certezas, y cientos de familias se ven forzadas a buscar soluciones que, en la mayoría de los casos, no están a su alcance.
Exigencia compartida
En Santa Elena, las voces de las comunidades educativas coinciden en un reclamo urgente y contundente: “Exigimos a nuestras autoridades intercedan para que se revierta esta medida tan arbitraria y más aún a mitad del ciclo lectivo”. Esa demanda, que se replica en otros puntos de la provincia, no es sólo una solicitud administrativa: es una apelación directa al derecho a la educación y a la función protectora que el Estado debe garantizar, sobre todo en contextos de vulnerabilidad.
El conflicto por el transporte escolar visibiliza las tensiones entre el ajuste fiscal y la política educativa. De fondo, lo que está en juego no son sólo trayectorias escolares, sino la posibilidad de que cientos de niños y niñas encuentren en la escuela un espacio de derechos, inclusión y futuro.
Marcha atrás para tres escuelas
Tras los comunicados de las escuelas y el reclamo del sindicato, el Consejo General de Educación (CGE) dio marcha atrás con la decisión de recortar el servicio de transporte de alumnos en tres escuelas del ámbito rural del Departamento La Paz,
Fue el portal Entre Ríos Ahora quien accedió a la información en la noche del martes.
El CGE indicó al Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) que disponga la continuidad del servicio de transporte en tres establecimientos: se trata de la Escuela Agrotécnica Nº 15 Manuel Pacífico Antequeda, de Colonia San Carlos, en Alcaraz 1º; la Escuela Agrotécnica Nº 151 El Quebracho, ubicada a 14 kilómetros de Santa Elena; y la Escuela Secundaria Nº 13 Federación, Libertad y Fuerza, de Yeso Oeste.
Se entiende y se espera que la revisión de cada caso no esté cerrada y se encuentren soluciones prontas para garantizar el acceso a la educación a los estudiantes entrerrianos ya que esta medida afecta a numerosas instituciones educativas de diferentes departamentos de la provincia. Un ajuste, que golpea un conjunto de derechos.