Por el derecho a leer

Por Martín Acevedo

En el sentido común, que tiene mucho de común y poco de sentido, suele repetirse como axioma que la demanda moldea la oferta, sobre todo en lo relativo a bienes culturales. Se afirma, casi con naturalidad, que si se consume basura es porque el público lo demanda, y que si las personas no leen es porque no lo desean, como si se tratara de una elección objetiva, libre de condicionamientos. Sin embargo, esta premisa contradice uno de los principios básicos de la economía y, más aún, desconoce las múltiples mediaciones que intervienen en la circulación de los bienes simbólicos.

La experiencia nos demuestra lo contrario. Ejemplos concretos, como las librerías de saldos de Avenida Corrientes en Buenos Aires, las ferias de segunda mano y las sueltas de libros en este rincón de la Mesopotamia argentina ponen en evidencia que la oferta cultural no depende solo de un supuesto deseo espontáneo del público. En Concordia, la ciudad que Antoine de Saint-Exupéry convirtió en “Oasis”, distintas instituciones —desde la Biblioteca Popular hasta ONGs locales— organizan de manera regular jornadas de venta de ejemplares, producto mayormente de donaciones, a precios muy bajos. Lo singular es que estos eventos provocan una concurrencia importante y generan ingresos, aunque módicos, sustanciales.

Este fenómeno deja en claro que la organización y la iniciativa de actores de la sociedad civil logran una repercusión positiva en sus entornos. En el caso particular de la promoción de la lectura, acciones como las que mencionamos ponen en circulación textos que de otro modo quedarían olvidados en cajas o bibliotecas, condenados a juntar polvo. Se trata de gestos que, aunque modestos, revelan que la demanda no es un hecho natural, sino que puede ser estimulada, acompañada y sostenida por prácticas colectivas.

Por otro lado, parecen dar corporeidad a la noción foucaultiana de microfísica del poder: el poder no se ejerce solo desde las grandes instituciones estatales o económicas, sino que circula en los pequeños dispositivos, en las prácticas cotidianas, en aparentes gestos menores que configuran modos de acceso y exclusión. En este sentido, las ferias comunitarias y las sueltas de libros funcionan como microdispositivos que reconfiguran las relaciones de poder en torno al acceso a la cultura escrita. Allí donde el mercado tiende a clausurar posibilidades, la sociedad civil abre grietas y habilita nuevas formas de participación.

Estas iniciativas, sin dudas loables, no pueden sustituir las políticas públicas. Pero sí nos orientan hacia las líneas de acción necesarias: garantizar que los libros estén al alcance de todos, a precios asequibles, para que leer no sea un lujo reservado a los más pudientes. La lectura debe ser un derecho compartido, una herramienta para el pensamiento crítico, para la representación de nuevos mundos a través de la ficción, que nos permitan comprender mejor la realidad que nos toca y, por qué no, evadirnos por un momento de ella.

Leer, soñar y pensar debe estar a la mano de todos.