Propuesta para bajar las tarifas eléctricas y frenar las estafas

El abuso de precios, impuestos y recargos convierte a un derecho esencial en un privilegio. Ideas concretas para enfrentar un sistema que saquea a los usuarios con el aval político y la complicidad empresarial

Luis Lafferriere – Promotor de la Cátedra Abierta Por un Mundo Nuevo

(*) Estafa: es un delito que consiste en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño u otro ardid, con la intención final de lucrar. En el caso analizado, estamos ante la presencia de múltiples estafas con una misma víctima: el usuario y consumidor final del servicio de energía eléctrica. Solo que en este caso, nuestro sistema de in-justicia no la considera como tal, pues está legalizada.

Las siguientes son algunas ideas que se podrían impulsar desde los usuarios, organizados y movilizados, para buscar respuestas favorables y evitar que un derecho tan elemental y esencial como es recibir el servicio de electricidad, sea violado de la manera que se viene haciendo.

Es de destacar que estas propuestas deberían ser impulsadas por los mismos legisladores y concejales que se suponen representan al pueblo que los votó. Pero lamentablemente los argentinos deberemos acostumbrarnos a tener que defender con nuestra propia participación y con nuestra lucha, los derechos que nos corresponden legítimamente. Porque parece que los supuestos representantes del pueblo agotan todas sus energías para tratar de llegar a ocupar los cargos que ostentan, y luego se olvidan de los intereses de sus representados. En realidad, deciden representar a sus propios y egoístas intereses, y peor aún, a los intereses de los sectores económicos más poderosos. Frente a tales injusticias y a tales traiciones, sólo queda el camino de la participación activa, de la resistencia legítima y del compromiso con la dignidad.

A nivel nacional

Los funcionarios nacionales son responsables del precio de la energía que Cammesa comercializa a las empresas y cooperativas distribuidoras, las que luego la distribuyen a los usuarios finales.

Pero sus costos están incididos por un valor que parte del precio a boca de pozo del gas y el petróleo para las empresas extractoras, como insumos principales para generar luego la energía. Ese precio no se fija en pesos, según el costo de extracción y una ganancia razonable, sino que a las corporaciones se les reconoce el precio internacional y en dólares (en el caso del gas, hoy se les reconoce incluso un precio mayor al internacional). Eso genera a un puñado de corporaciones una renta extraordinaria, que se debe financiar con fondos del Estado nacional (impuestos generales) y con las tarifas del usuario final.

Como los precios internacionales vienen creciendo sin límites previsibles, y el valor del dólar en nuestro país es una bomba de tiempo, eso fue generando valores exorbitantes que luego se multiplican en la cadena hasta llegar al consumidor final. Esos precios continúan creciendo por diferentes factores, y el precio del dólar seguirá subiendo, lo que ambos potenciarán nuevos y fuertes aumentos sobre toda la cadena y recaerán en las espaldas del último eslabón, es decir los usuarios de la energía eléctrica.

Una parte de ese precio (que garantiza la renta extraordinaria a las corporaciones petroleras) era financiado por el tesoro nacional, pero los acreedores externos lograron que el Estado se retire de ese financiamiento y vuelque todo el costo sobre las tarifas que abonará el consumidor final. Pero al hacerlo, no solo encarece la tarifa final por el mayor costo de la energía, sino que también lo hace luego porque a ese mayor costo se le suman los impuestos y tasas porcentuales que se agregan al final de la cadena, sobre el usuario.

Para que se entienda: al mantener la renta fabulosa a las petroleras se parte de un valor muy alto, que se multiplica luego en toda la cadena. Al dejar el Estado de cubrir una parte de las tarifas y precios finales al usuario, no sólo aumentan estos últimos por esa razón, sino que al aumento se le carga el 21% del IVA. El resultado es más saqueo al bolsillo de los usuarios y consumidores y más fondos al Estado (que lo destinará a transferir a los usureros y a las corporaciones).

Propuesta: solicitar a los legisladores nacionales y al gobierno nacional, que se termine ese sistema de entrega vil de nuestros recursos que sólo sirve para que unas pocas firmas hagan un negocio fabuloso, que no se dolarice los precios, y que el valor de gas y petróleo a boca de pozo se establezca con relación a los costos de extracción y no a los precios internacionales.

Pero también incide negativamente otro factor en el caso de nuestra provincia, que es generadora de energía hidroeléctrica vía Salto Grande, que se le abona un precio tan bajo por la compra de la misma, y luego se la venda a la misma provincia a un valor casi diez veces superior. También es muy bajo el porcentaje de regalías que se establece para las empresas productoras de energía.

Propuesta: impulsar proyecto que corrija esta injusticia y este saqueo, en el sentido de aumentar el precio de la energía que Cammesa le compra a Salto Grande, tomando el valor promedio del Mercado Eléctrico Mayorista, que sería un 600% superior al precio que abona actualmente (y que se use la mitad al menos para bajar el precio al consumidor); y subir el porcentaje de regalías que reciben las provincias generadoras de energía (art. 43 de la ley 15.336) del 12 al 20%.

Finalmente, la tarifa de la electricidad incluye un impuesto nacional, indirecto y regresivo como el IVA, con una alícuota del 21%, que es una de las más elevadas del mundo y que se aplica en este caso sobre un bien que se considera necesario y hasta esencial para toda la población.

Esto es una aberración que se hace mucho más insostenible desde que el precio de la energía que deben pagar los consumidores finales se viene incrementando brutalmente, lo que incrementa en la misma medida este impuesto como se explica antes.

Propuesta: disminuir la alícuota del IVA del 21% al 5% para consumo familiar, y del 27% al 10,5% para usuarios comerciales, industriales, Pymes, Clubes, etc.

Acciones sugeridas para presentar estas propuestas: reunión con legisladores nacionales de nuestra provincia y con el gobernador, a los efectos de lograr su compromiso para impulsar en forma urgente estas medidas a nivel nacional, para que se bajen esos componentes que inciden sobre la tarifa que paga el usuario final.

A nivel provincial

Las autoridades provinciales son responsables del precio que se agrega a la energía vendida por Cammesa a través del llamado Valor Agregado de Distribución. En este caso, es central la responsabilidad del gobernador de la provincia y por su intermedio el órgano de regulación (EPRE) y las empresas distribuidoras (Enersa y cooperativas). En Entre Ríos implica entre el 30% y el 40% del valor final de la factura.

Este costo lo establece el EPRE según valores que no se justifican adecuadamente, ya que no existe un control de los componentes de los costos ni una información pública que permita justificar semejantes valores que pagan los consumidores finales. Si bien se realizan audiencias públicas, no llegan a realizarse con la difusión previa necesaria ni se informan los datos imprescindibles para garantizar la participación ciudadana.

Hay que aclarar que Valor Agregado desde el punto de vista económico, se considera a la riqueza que se agrega a la energía provista por Cammesa para llegar al consumidor final, es decir, todo lo necesario para que la energía adquirida a Cammesa llegue al domicilio del usuario.

Pero, ¿es realmente riqueza generada, es decir necesario para que la energía llegue al consumidor final, toda la energía que consumen el EPRE y Cammesa para el funcionamiento de sus burocracias, todas las remuneraciones que reciben los directores, gerentes, secretarios, asesores, etc, todas las contrataciones que se realizan con terceras empresas y proveedores? Algo que se debe investigar, analizar y debatir.

Propuestas: solicitar una urgente revisión de la parte del VAD que se incluye en la factura, de manera de buscar su reducción, a través de una auditoría con participación de usuarios, y con la mayor transparencia y acceso a toda la información. A la vez, solicitar la normalización del EPRE, que es el organismo de control, que debería tener autoridades designadas por concurso público, y no como ahora que está a cargo de un Interventor.

Pero el gobierno provincial también establece un impuesto del 18% del precio de la energía para el consumidor final (actualmente en suspenso su cobro), una alícuota elevadísima que no tiene una real justificación. En otras jurisdicciones los tributos provinciales no llegan al 8% del total, caso Santa Fe. Hay que tener en cuenta que el Valor Agregado de Distribución incluye ya los costos de desarrollo e inversión en las redes, de operación y mantenimiento, de comercialización, así como también las depreciaciones y una rentabilidad justa y razonable sobre la inversión.

Entonces, estamos ante un impuesto indirecto y regresivo, además de excesivo, que debería disminuir sustancialmente, y que debería tener un justificativo real para seguir, aún con muy bajas alícuotas.

Propuesta: solicitar una urgente y fuerte disminución de la alícuota del impuesto provincial, y que sólo exista en la medida que esté justificada su existencia en relación directa con el consumidor final que lo debo pagar. En todo caso, no suspensión de su cobro sino eliminación del mismo.

Acciones para presentar estas propuestas: reuniones urgentes con el gobernador y con los legisladores provinciales, a los efectos de lograr su compromiso con la rápida aplicación de medidas necesarias que bajen los costos del valor de distribución y la alícuota o eliminación del impuesto provincial, además de la urgente normalización del EPRE.

A nivel municipal

La tarifa final se ve incrementada sustancialmente por la carga que implican los tributos municipales que se aplican en nuestra provincia. Se trata de dos conceptos que no deberían existir como tales en la tarifa eléctrica, y que significan un altísimo porcentaje sobre el costo de la energía (casi un 25%).

Estos tributos son regresivos pero además confiscatorios e ilegítimos. El municipio sólo puede cobrar tasas, que deberían ser la contraprestación de un servicio que se brinda al contribuyente, y que dependen del costo del servicio y del beneficio que recibe quien lo paga.

En este caso es insostenible porque el mismo municipio cobra la tasa directamente. Pero además, que sea la empresa Enersa quien lo vuelva a cobrar, y que lo haga en función del consumo interno de cada usuario (sin ninguna relación con el servicio que se cobra y supuestamente se presta).

Vale como ejemplo el caso de la vecina provincia de Santa Fe, la tarifa final no incluye ningún tributo municipal, ya que los mismos son cobrados por el propio municipio.

Propuesta: tomar lo mismo que resolvió hace dos años la asamblea de autoconvocados de Concepción del Uruguay, en el sentido de solicitar la urgente eliminación de los dos tributos que se cobran en la tarifa de la electricidad (la tasa y la contribución).

Acciones para presentar la propuesta: similar a lo resuelto por la ya mencionada Asamblea de Concepción del Uruguay, de solicitar inmediata audiencia al Intendente municipal y al pleno del Concejo Deliberante para que se dé un urgente tratamiento a la eliminación de los tributos municipales de las facturas eléctricas.

Cortes del suministro por atraso en el pago

Esta cuestión tiene una enorme importancia y no recibe la consideración que corresponde frente a las graves consecuencias que implican que se corte a un hogar el suministro de electricidad.

Habría que ver cómo reaccionarían el gobernador, los legisladores provinciales y los miembros del directorio de Enersa si se les interrumpiera el servicio de energía eléctrica en sus cómodas y confortables residencias, aunque más no sea por una semana, y debieran vivir sin electricidad. Quizás así comprenderían el drama que deben soportar las familias que por no contar con los ingresos suficientes no pueden abonar una factura de la empresa, drama que se les sumaría a los posibles problemas que pueden estar sufriendo para poder sobrevivir.

En función de que el precio final de la electricidad se torna impagable para miles de familias y empresas, se debe solicitar la urgente suspensión de los cortes de energía por atraso en los pagos, y establecer mecanismos que permitan una solución amistosa y accesible para cada caso, sin llegar a la privación de un servicio tan esencial como la electricidad. Esto al gobierno provincial y a la empresa Enersa.