Santa Elena: nombres que duelen, historias que interpelan

Tres femicidios que marcaron a la comunidad, otros crímenes aún impunes y víctimas que murieron lejos del pueblo componen una trama de violencia que exige memoria, justicia y compromiso colectivo

Por Vicente Suárez Wollert

Cada nombre encierra una historia. Cada historia, una ausencia irreparable. En Santa Elena, el recuerdo de las mujeres y personas de la diversidad asesinadas a lo largo de las últimas décadas permanece como una herida abierta que atraviesa generaciones, que se transmite de boca en boca y que aún hoy reclama respuestas que el sistema judicial no ha podido —o no ha querido— dar. No son cifras. Son rostros. Son familias rotas. Son comunidades que cargan con el peso de una violencia que no termina de encontrar justicia.
Uno de los femicidios que más conmoción generó en los últimos años fue el de Gisela López. Tenía 19 años cuando desapareció el 22 de abril de 2016 al regresar de la escuela. Durante 18 días, su familia, vecinos e instituciones participaron de una búsqueda desesperada que movilizó a toda la ciudad. Finalmente, el 10 de mayo, su cuerpo fue encontrado en la zona de El Bajo, a apenas 168 metros de su casa. Tan cerca. Tan lejos de haber sido salvada a tiempo. El crimen sacudió a la comunidad y trascendió los límites del pueblo: el femicidio de Gisela impulsó la segunda marcha nacional del movimiento Ni Una Menos y se convirtió en un símbolo del reclamo colectivo por justicia frente a la violencia de género. Por el hecho fueron juzgados los vecinos de la familia, Matías Vega y los hermanos Mario y Elvio Saucedo, trabajadores ladrilleros. El juicio concluyó con la absolución de los imputados, una sentencia que cayó como un mazazo sobre quienes esperaban respuestas. Sin embargo, la causa continúa abierta y el proceso judicial deberá repetirse. La familia de Gisela sigue esperando.

Mucho antes de ese caso, otra joven había perdido la vida en circunstancias igualmente brutales. Malvina Soledad Torales tenía 22 años y estaba embarazada de seis meses cuando fue atacada con una ferocidad que todavía estremece. El 4 de marzo de 2003 fue encontrada agonizando en el barrio Nuestra Señora de Lourdes y murió minutos después de llegar al hospital local. La autopsia reveló que había recibido quince puñaladas. Ella y su bebé nonato. Por el crimen fueron detenidos tres hombres: Florencio Gabriel Ayala, Luis Alberto Retamar y un menor de 17 años. Sin embargo, el caso nunca logró esclarecerse plenamente y ninguno de los imputados fue condenado. Malvina y su hijo murieron dos veces: la primera, aquella madrugada de marzo; la segunda, con cada año que pasa sin justicia.

A comienzos de la misma década ocurrió otro asesinato que permanece impune hasta hoy. Patricia Mariana Gómez, de 30 años, vivía en el barrio Martín García y fue hallada muerta en la zona conocida como El Arco, en el acceso a Santa Elena. El lugar donde apareció su cuerpo está a poco más de un kilómetro del sitio donde, años después, sería encontrada Gisela López. Una misma geografía marcada por la violencia. Con el paso del tiempo, el expediente quedó sin responsables. El crimen de Patricia continúa sin resolución, archivado en algún cajón del sistema judicial mientras su familia convive con la ausencia y la impotencia de no saber quién ni por qué.

Desde el Área de las Mujeres, Géneros y Diversidad del municipio, su actual referente, Mariela Alejandra Acosta, advierte que esos nombres conocidos públicamente forman parte de una lista más extensa y que la visibilización no debe detenerse en los casos mediáticos. “Además de los casos históricos y más mediáticos, hubo muchas otras víctimas que también deben ser recordadas”, señala. En ese listado aparecen Jésica Benavídez, Norma Videla, Cristián Silva, Deolinda Almada y Soledad Franquines, entre otras personas cuyas historias reflejan distintas formas de violencia que, muchas veces, comenzaron mucho antes del golpe final.
El caso de Soledad Franquines expuso con crudeza el círculo de agresiones que padecía dentro de su propio hogar. Según reconstruyó la investigación judicial, el 9 de noviembre el transportista Stablum pasó a buscarla para trasladarla desde Santa Elena hacia Paraná, donde debía realizarse una sesión de diálisis. La mujer salió por la ventana de su casa para evitar los celos de su pareja. Tenía golpes visibles en las piernas, se quejaba de fuertes dolores y, en especial, de un intenso dolor de cabeza que no cedía. Fue la última vez que el chofer la vio con vida. Los médicos forenses determinaron después que los golpes recibidos provocaron graves lesiones cerebrales que le costaron la vida. Murió por escapar de su casa. Murió por intentar cuidarse.
Otra historia que conmovió a la comunidad fue la de Jésica Benavídez, una mujer trans de 33 años conocida como “La Nicky”. Había nacido en Santa Elena pero vivía en Paraná desde hacía más de una década, donde sobrevivía como trabajadora sexual en condiciones de extrema vulnerabilidad económica y social. En la madrugada del 24 de enero de 2019 un vecino encontró su cuerpo sin vida dentro de su rancho. Estaba semidesnuda, sentada en una silla, en una imagen que condensa la violencia sistemática que enfrentan las personas trans: vidas expulsadas a los márgenes, muertes que muchas veces no generan la urgencia institucional que merecen.

También lejos del pueblo ocurrió el asesinato de Nancy Videla, oriunda de Santa Elena. Había desaparecido el 26 de noviembre de 2021 en Buenos Aires, adonde había ido en busca de mejores oportunidades, como tantas otras mujeres del interior del país. Las cámaras de seguridad registraron sus últimos movimientos tras salir del edificio donde trabajaba como empleada doméstica en el barrio porteño de Palermo. Tomó un colectivo hasta Constitución, luego un tren hacia Lanús y finalmente otro colectivo rumbo a Villa Albertina, en Lomas de Zamora, donde vivía. Nunca llegó. Días después, la autopsia confirmó que Nancy murió como consecuencia de una fractura y traumatismo de cráneo producto de golpes. Había salido a trabajar y no volvió.

Desde el Área de las Mujeres, Géneros y Diversidad del municipio sostienen que recordar estas historias no es un gesto simbólico vacío, sino una forma concreta de sostener el reclamo colectivo y de presionar para que los crímenes no prescriban en la indiferencia. “En su pueblo o lejos de él, buscando un mejor futuro, nos han arrebatado la vida de nuestras mujeres”, expresan. Recordar implica también revisar cómo funciona el sistema judicial cuando la víctima es pobre, cuando es mujer, cuando es trans, cuando vive en una comunidad pequeña. Implica preguntarse por qué tantos casos terminan impunes y qué responsabilidad colectiva existe en esa impunidad.
En Santa Elena, la memoria de cada una de ellas sigue viva. Porque detrás de cada nombre hay una familia que espera respuestas, una comunidad que no olvida y una sociedad que todavía tiene una deuda pendiente con la justicia y con la vida. Gisela. Malvina. Patricia. Soledad. Jésica. Nancy. Y todas las que todavía esperan ser nombradas.