La salud mental en emergencia: ley, recursos y personal en jaque

Consumos problemáticos y suicidios son las principales urgencias. Trabajadores reclaman medidas. “Hay muy pocas respuestas del gobierno de turno”. Un proyecto de ley aguarda en el Senado entrerriano

Por Camila Gomez

Laura Lavatelli y Soledad Escoubue son trabajadoras del Hospital Escuela de Salud Mental e integrantes de la Asamblea por la Salud Mental de Entre Ríos.  Acompañan, sostienen, escuchan en una institución que está en jaque.

Las personas trabajadoras de salud mental reclaman concursos en la carrera profesional y por mejores condiciones laborales, “quienes trabajamos en salud nunca llegamos a fin de mes, no tenemos sueldos que nos permitan garantizar la canasta básica y además es necesario nutrir la planta de profesionales, que hoy es de un 20 por ciento. No es un gasto invertir en salud”, explicó Laura. La referente también detalló que cada vez más personas se atienden en efectores de salud públicos por la imposibilidad de hacerlo en el sector privado.

Ante la crisis, los trabajadores se reúnen en asamblea y defienden la ley nacional de Salud Mental vigente. Soledad Escoubue señaló que “como trabajadores del campo de la salud mental tenemos la obligación de salir a defender la ley de Salud Mental porque es de las primeras legislaciones en nuestro país que vinieron a plantear la atención en salud mental con toda su complejidad. El informe del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, ‘Vidas arrasadas’ detalla las situaciones de las personas internadas en los hospitales psiquiátricos y la vulneración de esas vidas, entonces la ley de Salud Mental que se promulga en 2010 viene a ser una respuesta de estos informes sobre lo que significa ser atendido o vivir en un hospital. La ley de Salud Mental viene a decir que los derechos humanos son primordiales para pensar las atenciones, viene a hablar de padecimientos mentales, viene a sacarlos de la categoría exclusiva de trastornos y de suponer que la salud está sólo en la biología, sino que empezó a ponerlo en lo social, lo político, lo cultural, lo histórico. En ese escenario aparece la interdisciplina, la intersectorialidad, donde empiezan a aparecer otros factores. Como trabajadores somos testigos de las vidas que llegan a la salud mental pública y somos quienes tenemos la obligación de salir a defender la Ley y estas miradas, porque muchos de estos ciudadanos viven en condiciones de pobreza y sus redes familiares están fragilizadas”.

Lavatelli afirmó por su parte que en la reforma a la Ley “se elimina la asignación de presupuesto para salud mental que en la ley vigente es el 10 por ciento del presupuesto en Salud. Además, la reforma propone abrir la posibilidad a los sectores privados, abrir clínicas y hospitales psiquiátricos. Esta reforma quiere favorecer a los sectores que quieren invertir en ‘un nuevo objeto de consumo’ que es la salud mental y volverla una posibilidad de acceso para quienes puedan pagar. Eso sólo tendría repercusiones negativas para las instituciones de salud mental públicas y serían castigadas las personas en contextos neoliberalistas y los trabajadores de salud mental. No es inocente esta reforma en un contexto que se están recortando derechos y que las políticas públicas tienen una connotación negativa, donde el Estado menosprecia. Invitamos a que el ciudadano de a pie pueda hacer una reflexión y saber que este gobierno no es inocente y nuevamente quiere favorecer a los sectores privilegiados y que puedan hacer un negocio con la salud mental”.

La salud mental  en la provincia 

Más adelante, Lavatelli indicó a este semanario: “La situación de la salud mental en Enero Ríos es crítica. Las estadísticas hablan de que estamos por encima de la media en los datos de suicidio. Los hospitales y los centros de primer nivel de atención están explotados de una demanda que ha crecido exponencialmente y que tiene que ver con la situación de la vida de la gente a la que cada vez le cuesta más poder organizarse con sus ingresos económicos, si es que los tienen, personas a las que les cuesta cada vez más sostener tratamientos, no sólo de salud mental, y esto va generando angustia, ansiedad y diversas problemáticas vinculadas a la salud mental. Ese es el dato que se suma a las problemáticas que ya existían en la provincia como suicidio y consumos problemáticos. No es ninguna novedad que el gobierno provincial en su discurso habla de que la salud mental es una urgencia y que en el primer nivel de atención es una prioridad, pero esto no se ve con efecto en los territorios, donde no ha habido reforzamiento del personal que trabaja en los diferentes niveles de atención de la salud ni multiplicación de dispositivos intermedios que permitan dar otras respuestas, más instaladas en la comunidad”. 

“Sí ha habido —continuó—, incluso durante este gobierno, una desjerarquización de la Dirección de Salud Mental, dudaron sobre el ente que regula todas las políticas de salud mental en la provincia y eso se ve en el presupuesto y en las acciones. En esta gestión ya hemos cambiado dos veces de director de Salud Mental y esto se sintió en los territorios y en el Hospital Escuela de Salud Mental que cambió tres veces de director y para quienes lo estamos sosteniendo afecta un montón porque no tenemos en claro hacia dónde vamos. La situación de salud mental es crítica y en el hospital, que es el único dispositivo intermedio previsto por la Ley Nacional de Salud Mental, que es una casa de medio camino, que permite a quienes están en largas internaciones empezar a pensar en un afuera de manera autónoma, ese único recurso que tenemos para toda la provincia ya ha sido mudado de una casa que alquilaba el Ministerio en el centro de la ciudad al complejo de salud mental comunitario, lo que tiene efectos muy nocivos para quienes venían transitando ahí su proceso de salud mental cuidado. Hay muy pocas respuestas del gobierno de turno”.

Sandra Cislaghi, licenciada en Psicología, directora de la Agencia de Salud Mental e integrante de la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos, enumeró a El Telégrafo de Entre Ríos los avances y retrocesos de la Ley Nacional de Salud Mental: “En 2013, la provincia dio un paso importante en materia de salud mental al adherir y reglamentar la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada en 2010. Es importante destacar que esta ley fue construida colectivamente, con la participación de múltiples actores de todo el país, y representó un cambio de paradigma histórico, en tanto dejó atrás un modelo centrado casi exclusivamente en la internación para avanzar hacia una perspectiva de salud mental comunitaria, basada en los derechos humanos, la inclusión social y el abordaje integral de las personas. Además, muy importante, incorporó a los consumos problemáticos dentro del campo de la salud, desplazando una mirada reduccionista que ponía el foco únicamente en la sustancia. Esa mirada invisibilizaba a la persona, su historia, sus vínculos y sus padecimientos, favoreciendo muchas veces procesos de estigmatización y criminalización”.

“Sin embargo —agregó—, hay que reconocer que, a 15 años de su sanción, debemos decir con honestidad que no hemos logrado que la ley sea plenamente comprendida ni aplicada conforme a los objetivos para los cuales fue creada. Y te diría que eso hoy promueve retrocesos, todavía existe una enorme distancia entre la aplicación del paradigma que propone la normativa y las respuestas que efectivamente brinda el sistema. Nos falta mucho para que la salud mental sea entendida como una responsabilidad colectiva y una prioridad de Estado. Nos falta mucho para consolidar un modelo realmente preventivo, comunitario e interdisciplinario”.

Al igual que las trabajadoras del Hospital Escuela, Cislaghi sostuvo que la salud mental está en crisis: “Hoy atravesamos una verdadera emergencia en salud mental. Una emergencia que se expresa en el aumento de los consumos problemáticos, de los suicidios, de las situaciones de sufrimiento psíquico, de las violencias y de las múltiples formas de exclusión social. Estamos viviendo una crisis económica, social, política y cultural que impacta profundamente en la vida cotidiana de miles de entrerrianas y entrerrianos. Y asistimos con mucha preocupación que tanto el gobierno nacional como el provincial continúan sin dimensionar la magnitud de este problema, no escuchando ni reconociendo el creciente sufrimiento que atraviesa nuestra comunidad, especialmente las juventudes”.

“La salud mental no puede seguir siendo una problemática invisible, porque cuando el sufrimiento deja de ser de una sola persona, se expresa en un alto porcentaje social y esto no encuentra respuestas, lo que se deteriora no es solamente la salud de las personas, sino también se deteriora el tejido social que nos sostiene como comunidad”, subrayó.

En cuanto a las soluciones posibles, dijo: “Tengo muy en claro que las salidas siempre son colectivas. Desde esa convicción conformamos la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos hace ya casi dos años. Es importante aclarar que no surgió de una coyuntura ni de una urgencia momentánea ni declarativa; nació de la preocupación compartida de organizaciones sociales, instituciones, profesionales, trabajadores y ciudadanos que diariamente reciben y acompañan situaciones de sufrimiento que el sistema no logra ni alojar, ni contener. Desde entonces venimos sosteniendo la necesidad y urgencia de que la Provincia declare la Emergencia en Salud Mental. No se trata de una consigna, sino de una herramienta política que permitiría asignar recursos extraordinarios, fortalecer dispositivos de atención, ampliar equipos de trabajo y priorizar una problemática que hoy afecta a toda la sociedad”.

“Sin embargo, el Gobierno Provincial, lejos de ofrecer respuestas acordes a la gravedad de la situación, muchas veces opta por negar la crisis y esto lo digo en relación a los dichos y posición tomada por el ministro de Salud en la Cámara de Diputados días atrás. Y negar la crisis implica negar el sufrimiento de miles de entrerrianas y entrerrianos que buscan ayuda para sí mismos o para un ser querido y se encuentran con una respuesta repetida una y otra vez en los servicios de salud “no hay turnos”, “no hay profesionales”, “hay que esperar”. Lo que no se tiene en cuenta es que el sufrimiento no espera y lamentablemente se está llegando muchas veces tarde”, apuntó la referente.

Además, agregó que desde la Mesa “no solo denunciamos esta situación, sino que también en relación a tu pregunta construimos propuestas concretas. Presentamos un Proyecto de Ley siguiendo el paradigma de la Ley de Salud Mental Nacional, que actualmente cuenta con estado parlamentario, está en el Senado entrerriano a la espera de los tiempos de las y los legisladores que quieran escuchar y debatir esta realidad. Creemos que después de muchos meses de encuentros y debates desde esta Mesa construimos un Proyecto que incorpora herramientas políticas para abordar la salud mental desde una perspectiva integral, preventiva y comunitaria y que, principalmente, es producto de la escucha en el territorio”.

El proyecto propone trabajar desde las escuelas, incorporando estrategias permanentes de promoción de la salud mental y construcción de factores de protección a lo largo de toda la trayectoria educativa y no sólo en una fecha particular. “Esto apunta a la prevención, porque la salud mental no se construye cuando aparece la crisis, se construye mucho antes, en los vínculos, en las oportunidades, en la capacidad de tomar decisiones y de cuidarse. Por eso la idea es que cada infancia que ingrese al sistema educativo salga de su secundaria con herramientas protectoras”, planteó Cislaghi.

El texto también establece la necesidad de reconocer, fortalecer y acompañar a las organizaciones sociales y comunitarias que, muchas veces desde el voluntariado y el compromiso cotidiano, sostienen aquello que el Estado no alcanza a cubrir. Además, propone que las universidades incorporen contenidos vinculados a la salud mental en todas las carreras, entendiendo que cualquier profesional, independientemente de su disciplina, interviene de alguna manera sobre la vida de las personas y las comunidades.

“Impulsamos asimismo acciones destinadas a las y los trabajadores del Estado, porque quienes cuidan también necesitan ser cuidados. Frente a la debilidad de espacios para las infancias en materia de salud mental, propusimos la creación de un programa específico y permanente para que aloje y asista a las y los niños y adolescentes y funcione desde los centros de atención primaria, para que sea de fácil y rápido acceso de la comunidad.   Creemos indispensable fortalecer a los municipios mediante la creación de Mesas Territoriales de Salud Mental que permitan construir diagnósticos locales y respuestas adecuadas a cada realidad”, sumó la psicóloga y añadió: “Sostenemos la necesidad urgente de constituir una verdadera Mesa Interministerial que articule las áreas del Estado y contribuya al diseño de políticas públicas integrales, con la persona y la comunidad en el centro de las decisiones. Esta Mesa aún hoy no funciona”.

Con dolor, puntualizó: “Mientras estamos acá hablando, hay una persona que está atravesando una crisis profunda. Hay una familia buscando ayuda. Hay alguien que, quizás, siente que terminar con su vida es la única forma posible de terminar con su dolor. Y eso debería interpelarnos a todos, principalmente a los que tienen el poder de tomar decisiones que protejan a la comunidad y no lo hacen”.  

Entre las problemáticas que hoy generan mayor preocupación se encuentran, según Cislaghi, los consumos problemáticos y los suicidios. También observa un aumento significativo de cuadros de ansiedad, depresión, angustia, aislamiento, violencias y padecimientos asociados a la incertidumbre y a la fragilidad de los lazos sociales.

Si bien afectan a toda la sociedad, “la diferencia radica en que impactan con mayor dureza sobre quienes viven situaciones de mayor vulnerabilidad y cuentan con menos recursos para acceder a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda o los espacios de contención comunitaria. Por eso hablamos de salud mental como una cuestión de derechos y de justicia social”.

En cuanto al rol que debería cumplir el Estado, la profesional insistió: “Es de una importancia al punto que resulta imprescindible que quienes gobiernan comprendan que no puede existir un proyecto de desarrollo humano, social o económico y político que no contemple a la salud mental como una prioridad estratégica. El Estado debe garantizar el derecho al acceso a la salud mental de todos los ciudadanos, para que no sea un privilegio”. 

“La salud mental debe ocupar un lugar central en las políticas públicas y tiene que ser abordada desde una perspectiva integral, interdisciplinaria, intersectorial y comunitaria. Gobernar implica generar condiciones para el bienestar de la población y ahí es eje central incorporar la Salud Mental”, determinó.

Por último, sumó: “Quiero aportar un dato significativo y alarmante, por lo menos para mí. La Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo desde hace años que los padecimientos vinculados a la salud mental constituyen uno de los principales desafíos sanitarios del siglo XXI y en el 2030 será la primera discapacidad en el mundo.  Esto exige planificación, inversión, formación de recursos humanos y una fuerte decisión política del Gobierno. Remarco lo importante de este aporte y vuelvo a repetir aquello que no se reconoce, se invisibiliza. Y aquello que se invisibiliza, se desatiende. Cuando la salud mental se desatiende, las consecuencias son concretas: familias que sufren, comunidades que se fragmentan y vidas que podrían haberse cuidado a tiempo. La salud mental no es un tema sectorial ni una preocupación exclusiva de los profesionales. Es una responsabilidad colectiva y una condición indispensable para construir una sociedad más justa, más humana y con más oportunidades para todos”.