La libertad sin libros

Por Martín Acevedo

Cualquier desregulación esconde, desde la semántica, una regulación a favor de los poderosos. La mediación de la ley —al menos como principio— ampara a los más vulnerables. Es así que la derogación de la Ley 25.542 de “Defensa de la actividad librera” propuesta por el actual gobierno constituye un ataque al comercio y a la industria del libro local.

Esta legislación, sancionada en 2001, establece que las publicaciones deben presentar un precio uniforme en los distintos lugares de venta. Cabe señalar que, de todas formas, admite que los locales pueden ofrecer descuentos de entre el 10 % y el 20 % para estudiantes o docentes.

Países como Alemania, Francia, España, Portugal, Bélgica, Corea del Sur y Japón también fijan y regulan los precios de las publicaciones. La razón es proteger la actividad en torno al libro en escalas medianas y pequeñas, para, en consecuencia, propiciar la diversidad en esta actividad esencial en la cultura.

Si se libera el importe a pagar por los libros, los actores con posición dominante podrán hacer valer este factor para imponerse, diezmar a los participantes más débiles (editoriales y librerías independientes) y así imponer sus catálogos.

Conviene aclarar que esta ley no implica ningún gasto por parte del Estado. Se trata sólo de un arbitraje legal. Las intenciones detrás de esta iniciativa son otras. Tampoco está en el horizonte lograr un mayor acceso a la literatura. Podría generarse, sí, una baja en el precio de cada ejemplar, pero ocurriría tras el cierre de muchos puntos de venta. Además, se trataría de títulos impuestos por las grandes editoriales, que responden al capital concentrado internacional.

La principal motivación es lo que ya advertimos como consecuencia. 

Más allá de los miles de fuentes laborales que se perderían y de la desaparición de uno de los sectores comerciales en los que nuestro país se distingue, esto implicaría una transformación mayor y perdurable.

La estandarización del discurso es el destino.

Hoy muchos autores llegan a la publicación por la vía de sellos que no responden a las multinacionales del sector, sino a iniciativas locales producto de un interés genuino por la literatura que se hace en el presente. Actúan como semilleros, así como los clubes barriales de fútbol encuentran los nuevos talentos que luego se destacarán en los equipos más conocidos. Algo similar, sólo que con ingresos muchísimo más modestos ocurre en el sector editorial. Esto se rompería. Ya los noveles escritores no tendrían espacios por los que ingresar en la ardua carrera de la letra impresa y los lectores no encontrarían títulos que los remitan a imaginarios propios de sus experiencias vitales.

No, no se pretende que encontremos libros a precios económicos. La idea detrás de todo esto es la misma de siempre. Por momentos, resulta repetitivo o trillado enunciarlo, pero evidentemente es necesario. Se pretende homogeneizar la palabra. Que lo que ya ocurrió en los medios audiovisuales se traslade al mundo de la literatura.

Si se logra la derogación de este marco legal se dará un paso decisivo para que nuestra imaginación, nuestras ideas y las categorías de análisis con que interpretamos el mundo respondan a una imposición desde el exterior, desde las usinas extranjeras, cuyo principal interés no radica en nuestra emancipación sino en todo lo contrario.

Ya tratamos en columnas anteriores sobre la importancia de la literatura y el arte local y nacional, porque la soberanía no está sólo en nuestros recursos, sino también en los libros y nuestras mentes. 

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestros ejércitos”.

                                                                                                                       José de San Martín