Por Eduardo Mariano Lualdi – Coordinador nacional del Foro Patriótico y Popular
Son 133 los artículos de la mal llamada “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” que el mileísmo ha enviado al Parlamento para su tratamiento. Analizar esos 133 artículos es una tarea que fatiga porque redunda sobre aspectos legales que venían ya impuestos contra la ocupación británica de gestiones anteriores.
Pero tras el humo aparece la verdadera esencia del objetivo del gobierno apátrida de La Libertad Avanza.
Veamos la propuesta de conformar un Consejo de Seguridad. El mileísmo lo viene planteando desde el inicio de su gestión, cuando intentó involucrar a las Fuerzas Armadas en la ciudad de Rosario con el tema del narcotráfico, delito profundamente imbricado con el aparato estatal provincial y nacional.
El Consejo de Seguridad estaría integrado por: Javier Milei, Luis “Toto” Caputo, Federico Sturzenegger, Santiago Caputo, Pablo Quirno, Diego Santilli, Carlos Presti, Cristian Auguadra y María Ibarzabal Murphy.
Si la soberanía nacional y la causa de Malvinas están en manos de estos personajes, ya se pueden prever las consecuencias.
El diseño está inspirado en el National Security Council de EE.UU. (1947), pero sin participación del Congreso ni mecanismos de control parlamentario. Tendría un poder casi absoluto en el manejo de las fuerzas militares, de seguridad y de inteligencia.
Junto a este Consejo de Inseguridad y Entrega Nacional, va un nuevo intento de modificar el rol de las fuerzas militares para involucrarlas en la represión interna.
Vuelven con la cantinela de las “nuevas amenazas” y describen como “terroristas” actividades más elementales, incluso del periodismo. Las llamadas “nuevas amenazas” no son más que la reelaboración de la doctrina de seguridad nacional aggiornada al siglo XXI de acuerdo con los intereses de EE.UU. y, en especial, de la política fascista de Trump.
Esta composición no deja lugar a dudas de que la soberanía nacional y la causa de Malvinas es lo que menos importa. No en vano este gobierno ha solicitado la incorporación de la Argentina a la OTAN como socio global, adhiere al “Escudo de las Américas”, que suscribió por el gobierno el Teniente General Presti, y es el promotor de los Acuerdos de Isaac con Israel, copia de los Acuerdos de Abraham impulsados por Trump y Netanyahu.
Con el humo de la causa de Malvinas, se avanza en la subordinación argentina a los intereses de EE.UU. (OTAN) en el Atlántico Sur. Se ha reconocido la presencia de tropas de EE.UU. en Tierra del Fuego, provincia en la que ya está instalado un radar de la empresa LeoLabs (con sede en Menlo Park, California), que se integra a otros ya instalados en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Costa Rica, Australia, Portugal (Azores), Argentina y con planes de expansión, que proveen datos críticos a la Fuerza Espacial de EE.UU. Y se ha producido la modificación de la pista en Río Grande, en la que ahora, gracias a la modificación realizada por el gobierno nacional, podrán descender los bombarderos B‑52 de EE.UU. El Boeing B‑52 Stratofortress es un bombardero estratégico de largo alcance, subsónico y con capacidad nuclear, en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
EE.UU. dominando desde Tierra del Fuego la confluencia Atlántico-Pacífico y el Reino Unido de Gran Bretaña haciéndolo desde Malvinas, completan el control militar de uno de los pasos interoceánicos más importantes en vistas a una posible tercera guerra mundial.
Este es el verdadero objetivo de la mal llamada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsada por un gobierno apátrida como el que encabeza Javier Milei, quien involucra a la Argentina en los proyectos guerreristas de EE.UU. y sus aliados, comprometiendo la integridad nacional y facilitando el fraccionamiento territorial de nuestro país.
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