Luisa Nelli denuncia que las quemas periódicas de residuos en su barrio provocan crisis asmáticas en su hija, que vive con discapacidad. La práctica está expresamente prohibida por la normativa provincial
Por Vicente Suárez Wollert
“Realmente estoy cansada”, resume Luisa Nelli, vecina de Santa Elena, donde, según relata, la quema de basura a cielo abierto se repite de manera habitual y sin control. El humo que genera esa práctica, describe, es denso y tóxico y se filtra dentro de las viviendas del sector sin que sea posible evitarlo, ni siquiera manteniendo puertas y ventanas cerradas.
El reclamo de Nelli tiene un motivo concreto y urgente: en su casa vive su hija Alma, quien padece asma y una discapacidad que le dificulta expulsar por sus propios medios la flema que se acumula en sus vías respiratorias. Cada episodio de quema, explica su madre, deriva en una crisis: dificultad para respirar, tos persistente y la necesidad de recurrir a medicación para poder estabilizarla. “El humo le afecta de manera directa y pone en riesgo su salud”, sostiene.
La vecina remarca que la situación no debería depender de la voluntad de terceros ni resolverse únicamente cuando la emergencia ya se produjo. “Nuestra salud, y la salud de nuestros hijos, no debería estar expuesta a las consecuencias de una práctica que puede y debe evitarse”, plantea. Y agrega que no se trata sólo de una molestia cotidiana: la quema a cielo abierto está prohibida, contamina el ambiente y afecta al conjunto de la comunidad, más allá de que sus consecuencias se concentren en determinados barrios.
Ese es, precisamente, uno de los ejes centrales de su reclamo: la desigualdad territorial en la exposición al daño. “Quizás la gente del centro no sufre la contaminación de la quema de basura, pero la gente de la zona de quema sí la sufrimos”, señala Nelli, que reclama respuestas concretas y una intervención inmediata de los responsables. En ese sentido, cuestiona que la agenda de obra pública se agote en intervenciones visibles -como el arreglo de calles o el pintado de cordones- mientras persisten problemas ambientales que impactan de manera directa en la salud de los vecinos. “Empecemos a ocuparnos en las cosas que realmente son importantes”, afirman desde su entorno familiar.
El planteo de la vecina no carece de sustento normativo. En Entre Ríos rige una prohibición amplia y permanente sobre la quema de residuos en basurales y predios a cielo abierto, sostenida por distintas normas y resoluciones del organismo ambiental provincial. La Ley Provincial Nº 10.311 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos prohíbe expresamente la quema de residuos. A ese marco se suman la Ley Nacional Nº 25.916 de Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios y la Ley General del Ambiente Nº 25.675, que consagran los principios preventivo y precautorio en materia ambiental.
Que ese marco normativo puede traducirse en decisiones concretas lo confirma un antecedente reciente en otro punto de la provincia. En julio, la Secretaría de Ambiente resolvió, mediante la Resolución Nº 391/2026, prohibir de manera inmediata y absoluta toda quema de residuos en el basural a cielo abierto de Sauce de Luna, Departamento Federal, e inició un sumario contra el Municipio por presuntos incumplimientos ambientales. La medida se dictó tras una inspección que constató rastros de actividad ígnea y volcado de residuos sin medidas de contención y luego de que la Defensoría del Pueblo de la Nación diera intervención a partir de una denuncia vecinal con material audiovisual sobre quemas reiteradas.
La resolución intimó además al Municipio a presentar, en plazos perentorios, un Plan de Prevención y Mitigación de Incendios y un Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, bajo apercibimiento de sanciones. El caso ilustra que, ante evidencia de quemas sostenidas y reclamos vecinales documentados, la autoridad ambiental provincial cuenta con herramientas legales para ordenar el cese inmediato de la actividad y exigir a los municipios un plan de adecuación concreto, algo que, en Santa Elena, según Nelli, todavía no ha ocurrido.
La situación en la zona tampoco es nueva. Ya en 2021 se había registrado un conflicto similar, que derivó en la recolección de firmas y en la elevación de pedidos formales a las autoridades locales, departamentales y provinciales. Que el reclamo se repita cinco años después, mientras en otra localidad se aplicaron medidas concretas frente a un cuadro comparable, pone en discusión la eficacia de las respuestas institucionales frente a un problema que, lejos de resolverse, parece sostenerse en el tiempo.
La quema de residuos domiciliarios a cielo abierto libera una mezcla particularmente nociva de sustancias -dióxido y monóxido de carbono, dioxinas y material particulado fino-, capaz de penetrar profundamente en las vías respiratorias. Para una persona sana, la exposición reiterada a ese humo ya representa un riesgo; para quienes conviven con patologías respiratorias crónicas, como el asma, cada episodio puede significar una descompensación severa. Es justamente ese el cuadro que describe Nelli respecto de su hija y que explica la urgencia con la que reclama una solución definitiva y no meras promesas.
Para Nelli, la insistencia en denunciar públicamente la situación responde a la falta de alternativas. Ante la persistencia de las quemas y la ausencia de medidas efectivas, su reclamo apunta directamente a quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la normativa vigente. “Espero que los responsables den respuestas y se hagan cargo ya de esta situación”, concluye, antes de resumir en una sola palabra el hartazgo que atraviesa a buena parte de los vecinos de la zona: “Basta”.
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